Un brote de sarampión está arrasando el Centro de Procesamiento de Inmigración de Dilley, en el sur de Texas, donde la administración Trump confina a cientos de familias y niños inmigrantes bajo condiciones de brutalidad deliberada y negligencia médica. El brote, confirmado el 31 de enero por el Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas, es un delito social cometido por un régimen fascista que trata a los seres humanos como desechables y a la salud pública como un obstáculo para el lucro.
En una carta fechada el 1 de febrero y dirigida a los funcionarios de salud de Texas, el Dr. Lee C. Rogers, jefe de podología en UT Health San Antonio, pidió un "comando y control de salud pública inmediato y unificado" para detener el brote, advirtiendo que "la detención colectiva crea un riesgo de exposición casi universal" y que el brote "tiene el potencial de abrumar rápidamente los recursos de salud locales".
Rogers enfatizó que “cualquier dispersión a gran escala de personas expuestas sin un plan coordinado de salud pública aumentaría significativamente el riesgo de transmisión multijurisdiccional”. Concluyó: “Los virus no son políticos. No les importa el estatus migratorio de las personas. El sarampión se propagará si permitimos que la incertidumbre y la demora sustituyan a las medidas de salud pública razonadas”.
El sarampión se propaga por el aire y puede permanecer en una habitación hasta dos horas después de que la persona infectada la abandona. En instalaciones abarrotadas y mal ventiladas donde la atención médica está racionada, como el centro de detención de Dilley, un solo caso puede desencadenar una transmisión masiva. Actualmente existen las condiciones para una propagación explosiva entre niños, padres, trabajadores y comunidades aledañas.
El centro de Dilley, administrado por la empresa contratista de prisiones con fines de lucro CoreCivic, tiene capacidad para 2400 personas. Es el mismo centro donde estuvo recluido Liam Conejo Ramos, de 5 años, antes de su reciente liberación a su hogar en Minneapolis. El 24 de enero, estalló una protesta en el centro, con cientos de personas gritando "¡Déjennos salir!" y "¡Libertad para los niños!". Esto fue dado a conocer por primera vez por el abogado Eric Lee, quien representa a cinco niños detenidos en Dilley.
En entrevistas posteriores a estas protestas, Lee describió las condiciones dentro de Dilley, señalando que la fórmula para bebés está mezclada con agua "pútrida", que la comida tiene "bichos" y que los guardias suelen ser verbalmente abusivos. Cuando uno de sus clientes con apendicitis se desplomó en el pasillo, inicialmente le negaron el tratamiento y le dijeron que "se tomara un Tylenol y volviera en tres días".
La respuesta del Departamento de Seguridad Nacional al brote de sarampión en Dilley ha sido emitir declaraciones vacías a través de la Secretaria Adjunta Tricia McLaughlin, quien afirmó que ICE "tomó medidas de inmediato para poner en cuarentena y controlar una mayor propagación" y que "todos los detenidos están recibiendo atención médica adecuada".
Esta afirmación es una mentira descarada. Al mismo aparato que niega tratamiento médico a niños con apendicitis y les proporciona agua y comida en mal estado le importa un bledo la salud de quienes encarcela. El confinamiento es una medida de control diseñada para mantener fuera a periodistas, médicos independientes y abogados, mientras que otorga al ICE plena discreción para ocultar enfermedades y continuar la negligencia que provocó el brote. Existe un peligro creciente de que cientos de niños y sus padres se infecten dentro de Dilley, y de que algunos mueran, sin que prácticamente se informe al mundo exterior.
El brote de Dilley se desarrolla en medio de un resurgimiento nacional del sarampión. En 2025, EE. UU. registró 2255 casos de sarampión, la cifra anual más alta desde 1992, mientras que dos niños no vacunados fallecieron a causa de la enfermedad. Solo en enero de 2026, se confirmaron 607 casos. El brote más grande se registra actualmente en Carolina del Sur, donde se han confirmado 847 casos, 813 de ellos en el condado de Spartanburg.
La cobertura de vacunación contra el sarampión, las paperas y la rubéola en preescolares ha descendido al 92,5 % a nivel nacional, por debajo del umbral del 95 % requerido para la inmunidad de grupo, y 39 estados no cumplen con este estándar. Solo el 28 % de los condados de EE. UU. mantienen actualmente la inmunidad de grupo, una cifra inferior al 50 % antes del inicio de la pandemia de COVID-19. Más de 5,2 millones de niños en edad preescolar viven en condados donde las tasas de vacunación han caído por debajo del umbral de protección.
El estatus de eliminación del sarampión en el país, mantenido desde el año 2000, está ahora en peligro. El Dr. Demetre C. Daskalakis, exfuncionario de los CDC que renunció en medio de las purgas masivas de la administración Trump el año pasado, advirtió que el sistema de salud pública estadounidense está "a punto de colapsar" y declaró sin rodeos: "No tenemos la capacidad para controlar realmente el sarampión. Diré que la eliminación ya está perdida".
La administración Trump, sobre todo el secretario de Salud y Servicios Humanos (HHS), Robert F. Kennedy Jr., es el principal responsable de esta catástrofe. Durante décadas, Kennedy ha desempeñado un papel fundamental en la difusión de desinformación antivacunas. Como director del HHS, el año pasado Kennedy depuró a los 17 miembros del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP), la primera vez en los 61 años de historia del comité que se destituyó a todos sus miembros. Despidió a la directora de los CDC, Susan Monarez, después de que esta se negara a aprobar previamente las recomendaciones antivacunas y, más recientemente, revisó el calendario de vacunación infantil a principios de enero para dejar de recomendar la vacunación universal contra la influenza, la COVID-19, el rotavirus, la hepatitis A, la hepatitis B y la enfermedad meningocócica.
Bajo el lema “Hagamos que Estados Unidos vuelva a ser saludable”, la administración Trump ha despedido a más de 20.000 científicos y trabajadores de salud pública del HHS, disolvió el Centro de Salud Global de los CDC y eliminó miles de páginas de información científica de los sitios web del gobierno.
Estas políticas marcan la profundización y ampliación del ataque bipartidista a la salud pública durante la pandemia de COVID-19, que comenzó durante la primera administración de Trump y se intensificó con Biden. En total, más de 1,5 millones de estadounidenses han fallecido a causa de la COVID-19 o sus secuelas, mientras que la COVID persistente continúa afectando a decenas de millones.
El brote de sarampión en Dilley concentra muchas de las principales características del programa fascista de la administración Trump: la expansión del aparato policial estatal y las bandas terroristas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la construcción de una red de campos de concentración modernos, la subordinación de la vida humana al lucro y la destrucción de todas las protecciones de la salud pública. El encarcelamiento de familias inmigrantes en condiciones cada vez más bárbaras es inseparable de la crisis global del capitalismo: las guerras, el saqueo económico y la perturbación climática que han desplazado a decenas de millones de personas, a quienes las potencias imperialistas luego criminalizan y enjaulan.
Pero la clase trabajadora no puede depender del Partido Demócrata, que ha permitido continuamente la expansión del régimen de detención y la destrucción de la salud pública. El centro de detención infantil de Dilley se construyó durante la administración Obama en 2014 y funcionó durante la mayor parte de la administración Biden. Hoy, mientras agentes del ICE rondan las calles de Minneapolis y asesinan a civiles inocentes, como Renée Nicole Good y Alex Pretti, los demócratas colaboran con Trump para reprimir a la oposición y garantizar la financiación continua del aparato represivo estatal.
La respuesta necesaria debe venir desde abajo mediante la movilización independiente de los trabajadores de todos los sectores y de todos los países. Ya existen innumerables indicios de un movimiento en desarrollo entre trabajadores y jóvenes en todo Estados Unidos, con dos rondas de protestas masivas en todo el país en enero tras los asesinatos de Good y Pretti y un creciente apoyo a una huelga general. Se están empezando a formar comités vecinales en Minneapolis y en todo Estados Unidos, que sirven como medios cruciales de comunicación y organización.
El Partido Socialista por la Igualdad exige la expansión de estos comités vecinales y la creación de una red de comités de base en cada fábrica y centro de trabajo, para unirse con los trabajadores de todo el mundo a través de la Alianza Internacional de Comités de Base de los Trabajadores (AIT-RFC). Esta red de comités, organizada con independencia de las burocracias sindicales controladas por las corporaciones y de todo el establishment político, debe promover las siguientes demandas:
Todos los centros de detención de inmigrantes, incluido Dilley, deben cerrarse de inmediato y los liberados deben poder vivir y trabajar donde quieran.
Se debe lanzar un programa masivo de salud pública para examinar a todos en Dilley, en la comunidad circundante y en cualquier lugar donde el sarampión se esté propagando actualmente en los EE. UU., y para aislar y tratar a los pacientes de manera segura.
Se deben proporcionar vastos recursos para vacunar a todas las personas elegibles para las vacunas contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR), la COVID-19, la influenza y otras vacunas esenciales para la salud pública, tanto en los EE. UU. como a nivel internacional.
Todas las operaciones de ICE, las detenciones, las deportaciones y la criminalización de la migración deben terminar ahora.
La lucha para detener el brote de sarampión en Dilley, defender el derecho al asilo y detener la guerra de la administración Trump contra la ciencia es inseparable de la lucha por el socialismo. La salud pública y los derechos democráticos no pueden defenderse en un sistema que subordina toda necesidad social al lucro privado y la represión estatal. La tarea de la clase trabajadora es asumir esta lucha de forma consciente e internacional, construyendo el liderazgo político necesario para acabar con el capitalismo y establecer una sociedad basada en la planificación económica, con el objetivo de satisfacer las necesidades humanas, no la riqueza de los oligarcas.
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